La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un letrado por incluir en un recurso de apelación citas jurisprudenciales que no se correspondían con resoluciones reales o que no guardaban relación con las alegaciones formuladas. La Sala considera que esa actuación vulneró el deber de buena fe procesal y el respeto debido al tribunal.
El tribunal aprecia que el escrito contenía referencias entrecomilladas, resaltadas en negrita y cursiva, atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que no pudieron verificarse en las bases de datos jurídicas consultadas. Según la resolución, no se trataba de simples errores materiales, sino de una fundamentación jurídica artificial que obligó a la Sala a realizar una comprobación detallada de las citas invocadas.
La resolución indica que el recurso se apoyaba en varias afirmaciones sobre supuestas omisiones de documentación policial y en doctrina jurisprudencial que, en realidad, no existía o no era aplicable al caso. Tras el análisis de la documental y del informe emitido por la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas del TSJ de Canarias, la Sala concluye que el escrito contenía numerosas citas incorrectas o apócrifas, en concreto al menos 25 sentencias invocadas como jurisprudencia.
El tribunal subraya que la utilización de herramientas de inteligencia artificial no exime al profesional de revisar y verificar el contenido antes de presentarlo ante la Justicia. En este sentido, recuerda que la responsabilidad última del escrito corresponde al letrado firmante y que el uso de estas herramientas debe estar siempre sometido a supervisión humana.
Además de la multa, la Sala acuerda dar traslado de la resolución y de los antecedentes al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote para que, en su caso, depure las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder.
La resolución señala que la sanción se adopta atendiendo a la gravedad de los hechos, la reiteración detectada, la negativa del letrado a admitir los hechos y pedir disculpas y la necesidad de preservar la confianza en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
No es el primer caso detectado en Canarias en el que un abogado incluye en un recurso jurisprudencia inventada o presuntamente elaborada por inteligencia artificial. En el pasado febrero, la misma Sala del TSJC multó con 420 euros de sanción a un letrado por citar hasta 48 sentencia falsas sugeridas por Inteligencia Artificial.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto una multa de 840 euros a un letrado por incluir en un recurso de apelación citas jurisprudenciales que no se correspondían con resoluciones reales o que no guardaban relación con las alegaciones formuladas. La Sala considera que esa actuación vulneró el deber de buena fe procesal y el respeto debido al tribunal.
El tribunal aprecia que el escrito contenía referencias entrecomilladas, resaltadas en negrita y cursiva, atribuidas al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que no pudieron verificarse en las bases de datos jurídicas consultadas. Según la resolución, no se trataba de simples errores materiales, sino de una fundamentación jurídica artificial que obligó a la Sala a realizar una comprobación detallada de las citas invocadas.
La resolución indica que el recurso se apoyaba en varias afirmaciones sobre supuestas omisiones de documentación policial y en doctrina jurisprudencial que, en realidad, no existía o no era aplicable al caso. Tras el análisis de la documental y del informe emitido por la responsable del Servicio de Documentación y Bibliotecas del TSJ de Canarias, la Sala concluye que el escrito contenía numerosas citas incorrectas o apócrifas, en concreto al menos 25 sentencias invocadas como jurisprudencia.
El tribunal subraya que la utilización de herramientas de inteligencia artificial no exime al profesional de revisar y verificar el contenido antes de presentarlo ante la Justicia. En este sentido, recuerda que la responsabilidad última del escrito corresponde al letrado firmante y que el uso de estas herramientas debe estar siempre sometido a supervisión humana.
Además de la multa, la Sala acuerda dar traslado de la resolución y de los antecedentes al Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote para que, en su caso, depure las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponder.
La resolución señala que la sanción se adopta atendiendo a la gravedad de los hechos, la reiteración detectada, la negativa del letrado a admitir los hechos y pedir disculpas y la necesidad de preservar la confianza en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
No es el primer caso detectado en Canarias en el que un abogado incluye en un recurso jurisprudencia inventada o presuntamente elaborada por inteligencia artificial. En el pasado febrero, la misma Sala del TSJC multó con 420 euros de sanción a un letrado por citar hasta 48 sentencia falsas sugeridas por Inteligencia Artificial.
