Las empresas encargadas de desarrollar proyectos de energía eólica marina muestran escasa confianza en que la Unión Europea (UE) logre cumplir sus metas de despliegue. Según un nuevo informe del ‘think tank’ GlobeScan, únicamente un 7% de los directivos del sector consultados declara confiar plenamente en esos objetivos, por lo que exigen a las instituciones comunitarias que garanticen la continuidad y materialización de los proyectos.
El estudio se basa en entrevistas con altos ejecutivos que representan cerca del 85% de la capacidad eólica marina actualmente en funcionamiento y en fase de planificación en Europa. De acuerdo con sus conclusiones, casi tres de cada cuatro participantes consideran poco creíble que la UE consiga poner en marcha las iniciativas previstas dentro de los plazos y dimensiones anunciados.
El documento subraya que Europa ha intensificado sus esfuerzos para reforzar su autonomía estratégica, elevar la seguridad energética y aumentar la producción de tecnologías limpias. Para ello, ha endurecido las exigencias regulatorias a las compañías en su actividad económica, con normas que van desde instrumentos comerciales hasta disposiciones sobre ciberseguridad.
En este contexto, las personas entrevistadas expresan un respaldo amplio a los nuevos requisitos de ciberseguridad y apoyan, aunque con matices, mecanismos como el “Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)”, siempre que su puesta en práctica resulte manejable y se aplique de forma estable y previsible.
Medidas
Por el lado contrario, los altos ejecutivos advierten de que medidas como los requisitos de contenido local y las restricciones comerciales pueden generar importantes dificultades para las compañías, al provocar un incremento de costes en un entorno ya condicionado por fuertes presiones inflacionistas.
En esta misma línea, los encuestados señalan tres ámbitos clave donde los proyectos se ven especialmente impactados: las cadenas de suministro, las exigencias de contenido local y las limitaciones al comercio internacional.
Frente a este escenario, el informe propone eliminar instrumentos como aranceles e impuestos diseñados en defensa de la producción nacional, con el objetivo de hacer frente a la escasa disponibilidad, a corto plazo, de alternativas para componentes y servicios esenciales. Al mismo tiempo, reclama un marco regulatorio más amplio que priorice la estabilidad y certidumbre para la inversión, así como una tramitación y ejecución más rápida de los proyectos.