Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no cumple ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de Vivienda para ser considerada zona tensionada de acuerdo a los datos oficiales del sector, según un informe elaborado por el Colegio Oficial de Economistas la provincia.
El estudio se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre el Colegio de Economistas y la empresa pública Visocan, dependiente del Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es analizar con datos oficiales y criterios técnicos la viabilidad jurídica y económica de declarar zonas tensionadas en el archipiélago, ha indicado el decano de los economistas, Alcibíades Trancho Lemes, durante una rueda de prensa.
«Ni la presión sobre la renta familiar ni el crecimiento de los precios supera los umbrales establecidos por la ley. Por tanto, no procede declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada, ni en su conjunto ni en ninguno de sus distritos», según el informe.
Los datos obtenidos para la elaboración del estudio proceden del Consejo General del Notariado en el caso de compraventas, y del Ministerio de Vivienda en el de alquiler.
Asimismo, destaca que, en la capital grancanaria, las viviendas aumentan en mayor proporción que la población, pues la ciudad ha experimentado una disminución de 5.316 habitantes entre 2011 y 2023, lo que supone una caída del 1,39 %.
Además, en el periodo 1991-2024 (33 años), mientras la ciudad solo creció en población un 7,2%, la provincia de Las Palmas y la comunidad canaria lo hicieron en el entorno de un 50%, lo que refleja una pérdida de peso de la capital.
El parque de viviendas ha crecido en diez años
En el periodo 2001–2021 (20 años), el parque de viviendas aumentó en 23.515 unidades, para atender el incremento de hogares estimado en 10.750 unidades de convivencia (incremento poblacional/tamaño medio), lo que generó un excedente de 12.765 inmuebles.
Igualmente, en 2021 permanecían sin uso definido otras 7.164 viviendas, aparte de las 24.822 viviendas vacías.
“No hay indicios de tensión estructural por falta de vivienda. La evolución del mercado residencial responde no a una escasez de viviendas, sino más bien a una dinámica de sobredimensionamiento de ellas”, que sin embargo no son ofertadas en el mercado por sus propietarios.
El informe se basa en los dos criterios clave de la Ley 12/2023 para declarar una zona tensionada.
Por un lado, que el coste medio de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos de la vivienda superen el 30% de la renta media de los hogares.
Y por otro, que el precio de compra o alquiler haya subido, en los últimos cinco años, más de tres puntos porcentuales por encima del IPC acumulado.
“Con datos oficiales, ninguno de estos criterios se concluye ni a nivel municipal ni en los cinco distritos. La carga del esfuerzo económico de las familias está por debajo del límite legal y la evolución de precios, aunque ascendente, no alcanza los umbrales definidos”, aseguran los autores del informe.
Cuestiona los portales inmobiliarios como fuente estadística
Uno de los puntos más relevantes del informe es la advertencia de que los portales inmobiliarios no son una fuente estadística válida, pues no publican el precio final de las operaciones de compraventa.
El informe también recoge que los distritos Centro, Ciudad Alta e Isleta- Puerto-Guanarteme presentan rentas medias superiores a la media regional, lo que implica una mayor capacidad de los hogares del municipio para afrontar pagos residenciales.
Además, la estructura de los hogares refleja una tendencia clara hacia unidades más pequeñas.
En 2021, el 52,8% de los hogares estaba compuesto por uno o dos miembros, una cifra que alcanzaba el 60,7% en el distrito Isleta- Puerto-Guanarteme, el más elevado de la ciudad, lo que sugiere la necesidad de disponer de viviendas de menores dimensiones.
Ante esta situación, el Colegio de Economistas propone identificar las viviendas en manos de la administración por herencias o impagos, y analizar el volumen real de viviendas vacías y sus causas, incluida la inseguridad jurídica que frena a muchos propietarios a sacarlas al mercado de alquiler.
Asimismo, sugiere fomentar la rehabilitación y división de viviendas de gran tamaño, ofrecer incentivos fiscales efectivos, también de naturaleza municipal, y profundizar en el análisis del mercado de la vivienda (oferta-demanda-precios) a través del Observatorio de la Vivienda.
También plantea la necesidad de revisar la Ley 12/2023 para adaptarla mejor a la realidad del mercado y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios. EFE
