Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los aproximadamente 42.000 perceptores de pensiones no contributivas en Canarias recibirán 400 euros al año adicionales, repartidos en dos pagos, según ha anunciado en el Parlamento autonómico la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.
Los cobrarán a través de una fórmula que ha arbitrado el Ejecutivo regional para que desde la Renta Canaria se complementen las pensiones no contributivas hasta dicha cuantía.
No es un complemento como tal de la Renta Canaria, por cuanto la administración del Estado no ha modificado la Ley de Seguridad Social que permita la compatibilización de los mismos con las pensiones no contributivas.
Así lo ha detallado Delgado en comisión parlamentaria, donde ha recalcado que las cuentas de su departamento para 2026 crecen un 8,2% respecto al ejercicio actual.
En total, dispondrá de 837,74 millones de euros (1.037,74 millones si se añaden 200 millones de fondos estatales y europeos), de los cuales 387,49 millones se van al área de dependencia, para «reforzar prestaciones, plazas y conciertos para reducir listas de espera».
Un total de 184,64 millones estarán destinados a servicios sociales (Renta Canaria, pensiones no contributivas y programas de inclusión); y 105,56 millones para infancia y familias, donde se dará prioridad a la intervención comunitaria, el acogimiento familiar y la protección ante situaciones de vulnerabilidad.
El Instituto Canario de Igualdad contará en el próximo ejercicio con 14,7 millones, uno más que este año; 73 millones para discapacidad, impulsando programas de autonomía personal y los equipos itinerantes de valoración para reducir las listas de espera y poniendo el foco en la salud mental; y 19,4 millones para la Dirección General de Mayores y Participación Activa.
La Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y experimentará un aumento presupuestario del 8,8%, y la Dirección General de Diversidad, de un 7,6%.
El 75,9% del total del presupuesto de la consejería va al capítulo IV, el de transferencias, lo que ayudará a «fortalecer la red social de cabildos y ayuntamientos».
Candelaria Delgado ha proclamado que «este es un presupuesto para cumplir con Canarias», en el que refuerzan la dependencia «como gran apuesta», atienden «prioritariamente» a la discapacidad, «consolidan» la inclusión social de proximidad (…) y «sostiene» la protección a la infancia y a las familias.
Unas cuentas que, en definitiva, «aseguran más servicios y una mejor respuesta donde la gente lo necesita».
Visión diametralmente opuesta a la de los grupos de la oposición, que consideran ese incremento de las partidas «insuficiente», teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual.
Elena Máñez (PSOE) ha proclamado que «los derechos sociales son la pata coja del estado del bienestar en Canarias», ya que representan el 7% del total del presupuesto de la Comunidad Autónoma, frente al 38,15% de sanidad y el 19,44% de educación, y ha advertido de la pretensión de instaurar un sistema de dependencia «precario y ‘low cost’».
La diputada socialista ha afeado a la consejera el «ridículo» aumento en 100.000 euros del plan concertado con los ayuntamientos y la reducción de las aportaciones a las entidades del tercer sector, y le ha urgido a «poner en marcha ya y dejarse de excusas» el complemento de vivienda de la Renta Canaria.
Natalia Santana (NC) ha denunciado que estas cuentas están «llenas de trampas y de manipulación», y ha opinado que se yerra «clamorosamente» en el destino de cada euro.
«No es un presupuesto social, es una operación de maquillaje contable», ha clamado Santana, quien ha recalcado que persisten «problemas estructurales» como 13.000 expedientes de la Renta Canaria «estancados» o que no se activen los complementos de la misma.
Ha valorado al aumento de las partidas en dependencia, pero ha sugerido «fajarse en la gestión», porque «de qué sirve poner dinero» si no se firman los convenios con los cabildos, no se ponen en marcha nuevas plazas o no se actualizan los precios, se ha preguntado.
Paula Jover (Vox) también ha juzgado insuficiente el aumento presupuestario de la Consejería para afrontar la «debacle social» que vive a su juicio Canarias, y ha pedido «poner a las familias en el centro de todas las políticas» e instaurar «el principio de prioridad nacional».
Por los grupos que apoyan al ejecutivo canario, Yonathan Martín y Jana González (CC) han valorado el aumento de cuantías y el refuerzo de personal para reducir las listas de espera en unos presupuestos hechos «con rigor» y que protegen a «quienes más lo necesitan».
María Saavedra (PP) ha subrayado que estos presupuestos están «centrados en las personas, que a veces sienten que la administración les exige demasiado y les acompaña demasiado poco», y reflejan la voluntad del ejecutivo de «no dejar atrás» a ningún colectivo social vulnerable.
Melodie Mendoza (ASG) ha recalcado que las cuentas de Bienestar Social «tienen rostro humano y reflejan empatía y solidaridad», si bien ha advertido de que esta mayor asignación «exige una maquinaria perfectamente engrasada para ejecutar cada euro presupuestado», pues «de ello dependen muchas familias vulnerables».
Raúl Acosta (AHI) ha indicado que estas cifras demuestran que el Gobierno de Canarias tiene «un compromiso claro de poner personas en el centro de su acción política», y ha abogado por centrar los esfuerzos en mejorar la eficacia de la gestión y la reducción de las listas de espera en dependencia y discapacidad.
