En abril de 2024 se presentó la propuesta de aplicar una medida contemplada en la nueva Ley de Vivienda, que inicialmente fue rechazada. Sin embargo, a finales de año la medida fue aprobada, aunque hasta ahora no se ha avanzado en su implementación. En el último pleno local, el grupo Unidas se Puede cuestionó el retraso injustificado en la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Vivienda de 2023, la cual permite a los municipios aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% para viviendas vacías pertenecientes a grandes tenedores.
Rubens Ascanio, concejal que abordó la falta de noticias sobre el avance de estas medidas tras un prolongado proceso de espera, recordó que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio cuenta con 9,381 viviendas vacías, aunque las estimaciones de la Gerencia de Urbanismo para el Plan General de 2013 indicaban cerca de 15,000. Según datos proporcionados por Adolfo Cordobés, concejal responsable de Vivienda, los registros de inmuebles sin servicio de agua muestran que existen 5,123 viviendas vacías, lo cual equivale a casi el 7% del parque inmobiliario municipal.
«Hace falta movilizar ese enorme parque de viviendas vacías. Esta parte de la ley está diseñada para eso, pero parece que en este asunto las prisas son mínimas», explicó Ascanio. Además, destacó que no hay señales de un cambio en las ordenanzas o de su adaptación, y que el gobierno local se escuda en la dificultad para identificar quién posee viviendas vacías o las razones de su desocupación, además de dar trámite de audiencia. En opinión de la formación lagunera, «esto debería coincidir con los efectos de la nueva ordenanza».
Ascanio mencionó que no entienden por qué no se siguen ejemplos como el de Vitoria, «donde ya se aplica un incremento del IBI a las viviendas sin empadronamientos, detallando las medidas de exención y permitiendo identificar a los titulares y los motivos de la existencia de esas viviendas vacías, además de sus usos, brindando seguridad a sus propietarios».
Desde Unidas se Puede afirman que «hay una incidencia alta de inmuebles que quedaron en manos de fondos de inversión y similares a raíz de la crisis financiera, y no se les puede seguir dejando cerrados para favorecer una burbuja inmobiliaria en constante crecimiento». El concejal lagunero de Urbanismo manifestó en el pleno que «este procedimiento no es nada fácil» y optó por el desarrollo de normas a nivel de Canarias.
«Una ordenanza renovada sirve para clarificar el escenario y aplicar medidas, especialmente ante la falta de información que se transmite a la ciudadanía. Si ya se penalizó a los dueños de vehículos de más de 25 años que no se habían dado de baja correctamente, con más razón deberían tomarse iniciativas de este tipo, que recaen sobre una minoría muy acomodada o especuladores», insistió. La formación espera una respuesta clara a la situación de la vivienda en La Laguna, ya que «en lo que llevamos de mandato solo hemos visto publicidad y evidencias de inacción, con varios millones de euros devueltos o no invertidos en este fin, como ha quedado demostrado».
