Lo que comenzó como una promesa de vivienda digna y asequible se ha convertido, para muchas familias del Edificio Pelayo en Puerto del Rosario, en una experiencia de frustración e impotencia. La Plataforma Vecinal del edificio ha alzado la voz para denunciar públicamente el incumplimiento de las condiciones anunciadas para las 56 Viviendas de Protección Oficial (VPO) promovidas por la empresa Bonete Garden S.L., que recibió una subvención cercana al millón de euros por parte del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) para finalizar esta promoción paralizada.
El proyecto, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias —entonces bajo la dirección de Sebastián Franquis— fue presentado como una solución para familias con dificultades económicas, recibiendo una amplia cobertura mediática. Los anuncios oficiales hablaban de alquileres asequibles y condiciones ventajosas, pero según relatan los vecinos, la realidad dista mucho de ese mensaje esperanzador.
“Nos dijeron que eran alquileres asequibles, pero al firmar el contrato nos encontramos con precios mucho más altos y gastos adicionales que no se habían anunciado”, denuncian desde la Plataforma. Los residentes, muchos de los cuales dejaron atrás sus anteriores viviendas con la ilusión de una mejora, se han visto atrapados en un edificio cuyo mantenimiento es deficiente, con zonas comunes sucias y abandonadas, y sin respuestas por parte de la promotora.
Además de los problemas con los precios y el estado del inmueble, los vecinos acusan a Bonete Garden S.L. de ignorar sus quejas: “No responden a correos ni dan explicaciones sobre en qué se invierte el dinero que pagamos puntualmente cada mes”, aseguran.
Ante esta situación, la Plataforma Vecinal ha formulado una serie de exigencias dirigidas tanto a la empresa promotora como al propio Gobierno de Canarias:
- Cumplimiento inmediato de las condiciones anunciadas públicamente.
- Transparencia total sobre el uso de los fondos públicos recibidos.
- Explicaciones oficiales por parte de Bonete Garden S.L. y del ICAVI.
- Mejora urgente del mantenimiento del edificio, en consonancia con los pagos realizados por los inquilinos.
“Esta situación es un ejemplo más de cómo se permite que empresas privadas jueguen con la necesidad de las familias más vulnerables bajo el paraguas de las VPO”, concluyen desde la Plataforma.
El caso del Edificio Pelayo reabre el debate sobre el control y fiscalización de los proyectos de vivienda protegida de promoción privada que reciben dinero público. Los vecinos, aseguran, no se van a callar.
