Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Ministerio de Vivienda ha pedido a las plataformas inmobiliarias digitales que dejen de anunciar 8.698 pisos turísticos en Canarias al considerarlos «ilegales».
Se trata, según ha explicado este domingo el Ministerio en un comunicado, de alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio, pero no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y constan como revocados.
El departamento que dirige Isabel Rodríguez recuerda que desde el pasado mes de agosto registradores, Ministerio y plataformas comparten datos a través de la Ventanilla Única Digital, impulsada para «acabar con el fraude en los alojamientos temporales».
Desde el 1 de enero de este año, el registro ha recibido en todo el territorio español 336.497 solicitudes, de las cuales el 78,75 % corresponden a alquileres turísticos.
De ellos, el Ministerio ha notificado 53.876 pisos turísticos ilegales -8.698 en Canarias-, un 20,3 %, a las plataformas para que retiren sus anuncios online.
Los municipios canarios con mayor número de solicitudes de pisos turísticos rechazadas son: Adeje (Tenerife), con 765, y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), con 637.
A ellos les siguen Puerto de La Cruz (Tenerife), con 531, La Oliva (Fuerteventura), con 484, Yaiza (Lanzarote), con 442 y Santa Cruz de Tenerife, con 259.
Canarias es la segunda comunidad autónoma, tras Andalucía, que acumula más solicitudes revocadas.
El Ministerio de Vivienda precisa en su nota que la Comunidad de Madrid «es la gran anomalía dentro de los registros» porque el porcentaje se invierte: el 83 % de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales y solo el 17 % como turísticos.
Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.
Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio de Vivienda busca «preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades», subraya la nota. EFE
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