José María Rodríguez |
Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, considera que los reparos que otras comunidades han puesto para compartir el esfuerzo de acoger a los niños llegados a las islas en cayuco demuestran que, en todo este tiempo, «ha pesado más la condición de migrantes de los chicos que su realidad de menores».
Aunque la Ruta Canaria parece haber dado un respiro en las últimas semanas tras meses de rescates casi diarios, Delgado (Reino Unido, 1970) tiene bien presentes los detalles del último centro que han tenido que abrir para dar un techo a los chicos que siguen llegando: un recurso para 80 menores en Tenerife. El número 86 de la red.
«Dentro de nuestras posibilidades, procuramos que estén bien atendidos, que los que están en edad de escolarización obligatoria tengan un colegio lo más pronto posible, intentamos ofrecer formación para los que son mayores de 16 años… Pero estas cifras desbordan cualquier capacidad», confiesa en una entrevista con EFE.
La cifra de acogidos en los centros de Canarias cambia casi cada día, no solo porque siguen llegando cayucos y pateras, sino porque en ellos hay muchos adolescentes próximos a la mayoría de edad que, en cuanto cumplen los 18, tienen que abandonar la red. Se ha aproximado en los últimos meses a 6.000. En este momento son 5.720.
Trabajadora social de formación, la mano derecha de Fernando Clavijo para la atención a la infancia ha visto en el último año y medio cómo la situación rebasaba la capacidad de su equipo y llevaba al límite personal y profesional a sus colaboradores más cercanos, que incluso soportaron la amenaza de enfrentarse a consecuencias legales cuando la comunidad decidió que no se podía seguir así.
Comunidades que «no ven más que su realidad»
Ahora está pendiente de que se ponga en práctica el mecanismo de reparto previsto en la reforma de la Ley de Extranjería y de que el Gobierno de España le concrete cómo piensa hacerse cargo de los solicitantes de asilo, tal como le ha ordenado el Tribunal Supremo. Pero no puede evitar echar la vista atrás.
¿Qué piensa la consejera canaria cuando escucha a colegas suyos de otras comunidades decir que tienen su red saturada, cuando acogen menos menores que El Hierro, donde solo viven 11.600 habitantes? «Pues que no ven la situación más que bajo la lupa de su realidad, de lo que tienen más cerca. Ven su centro saturado, pero no han dado la posibilidad de crear más centros. No ven la realidad de Canarias».
Por eso, subraya, el Gobierno de Canarias insistió tanto el año pasado en acoger la Conferencia Sectorial donde se pactó el último reparto voluntario, para intentar mostrar al resto de comunidades autónomas la realidad de su centros de menores. El presidente Clavijo y ella organizaron incluso una visita a un centro de Tenerife, a la que no acudió ninguno de los consejeros de las comunidades dirigidas por el PP, el socio de Coalición Canaria en las islas.
«Vi que no eran conscientes de la realidad que teníamos en Canarias y que no se ponían en el lugar de esta comunidad autónoma. Que no veían que lo que llevábamos meses contándoles con palabras era una realidad, no era un cuento», señala.
Delgado reparte responsabilidades, no solo menciona las reticencias de otras comunidades, sino que cree que el Estado podría haber hecho más en materia de financiación de la acogida y de facilitar los trámites para la apertura de nuevos centros.
La diferencia con Ucrania
Sin embargo, no deja de recordar que, con los mismos instrumentos, a los menores llegados desde Ucrania al comienzo de la invasión rusa se los acogió en cuestión de días, semanas. «Nosotros mismos pedimos desde el primer momento que se utilizara la medida que se empleó con Ucrania, que fue poner 1.500 millones sobre la mesa con la apertura inmediata de centros. Son herramientas con las que ahora mismo las comunidades autónomas no han contado», explica.
Pero, cuando reflexiona sobre todo lo ocurrido en estos meses, mientras Canarias se sentía «sola» en el esfuerzo de acogida, llega a esta conclusión: con la atención a los niños de los cayucos «ha pesado más su condición de migrantes que su realidad de menores».
Y ello, a pesar de que muchos de esos niños y adolescentes han pasado por situaciones traumáticas. La consejera reconoce que hay algunas que la han marcado, como la de un niño que vio morir a su madre en la travesía tras perder a su padre en otro cayuco que nunca apareció o la de dos adolescentes que se ahogaron mientras se bañaban en una playa de Tenerife tras haber sobrevivido a la patera.
Delgado remarca que casi todos los centros de Canarias están ya «hacinados» y que muchos alcanzan el doble de la capacidad para la que fueron pensados. Y reconoce que han cometido errores, que han tenido que despedir a trabajadores por comportamientos incorrectos y han cerrado centros que no cumplían con una exigencia mínima.
El protocolo fue suspendido, pero cambió las cosas
A su juicio, la situación empezó a cambiar el 3 de septiembre, cuando la comunidad autónoma se plantó, decidió que no acogería a más menores en sus centros si la Policía se los seguía entregando con «albaranes» incompletos que comprometían sus derechos en el futuro y aprobó su controvertido protocolo de acogida.
Duró apenas horas, porque fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y luego revocado por el Tribunal Constitucional, pero la consejera cree que resultó clave para que la Fiscalía se implicase y exigiera que se cumpliera lo que sí estaba previsto en un protocolo nacional, no discutido por nadie.
«Nos estaban llegando los niños con un albarán escrito a mano. Y se daba la circunstancia de que, cuando filtrábamos datos, nos salía que un mismo menor estaba en cinco centros. No era el mismo menor. Eran menores diferentes, pero habían tomado sus datos mal», relata la consejera. EFE
