Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha preguntado este lunes en rueda de prensa: «¿Alguno de ustedes declararía ante todo el mundo que su marido la ha pegado, que la ha violado?, Yo no lo haría», y ha añadido que en esa situación se está en los juzgados de la violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife.
Denuncia que María Farnés Martínez ha hecho en una rueda de prensa en la que todos los operadores jurídicos y diversos colectivos sociales han anunciado que se reactivaba la Plataforma Cabo Llano, formada, entre otros, por todos los agentes judiciales, y han incidido en que no se trata con dignidad a las víctimas de delitos.
La fiscal superior de Canarias ha indicado que la plataforma se ha reactivado para denunciar lo que ocurre en los juzgados de violencia sobre la mujer, ya que, ha destacado se toman declaración a las víctimas en mesas que están unas junto a otras y al lado de presuntos agresores de otros casos.
La infraestructuras siempre han estado mal pero la situación será «mucho más gravosa» con la entrada en vigor de los próximos cambios legislativos, ha señalado María Farnés Martínez, quien ha insistido en que hay mujeres que, con niños pequeños, pasan «horas en un cubículo superpequeño en el que hablan con sus abogados ante todo el mundo; donde el niño no tienen ni sitio ni para ir al baño».
En la rueda de prensa se ha comparado la situación de las infraestructuras judiciales en la provincia de Las Palmas, con una ciudad de la justicia que «representa dignidad institucional, respeto al ciudadano y eficiencia operativa», como ha declarado la magistrada decana de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado.
Como contrapunto, en Santa Cruz de Tenerife las sedes judiciales están dispersas y sus entradas «escondidas», ha agregado la magistrada decana.
Por ello, han pedido una reunión con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, a quien reclaman información veraz en tres tiempos, el primero a «muy corto» plazo sobre «qué pasa» con los juzgados de violencia sobre la mujer, que no cumplen con la ley de defensa integral de las víctimas.
Ha asegurado que las instalaciones «no garantizan» el derecho a la dignidad, a la intimidad de las víctimas, a no confrontarse con el presunto agresor.
A medio plazo piden información acerca de las obras de acondicionamiento del edificio que «ellos llaman auditorio», y en tercer lugar de las gestiones urbanísticas y tiempos para tener expectativas de construcción de la ciudad de la justicia.
La magistrada decana de Santa Cruz de Tenerife ha subrayado que la falta de instalaciones se evidencia con «claridad y de forma sangrante» en los juzgados de violencia sobre la mujer de Santa Cruz de Tenerife, en los que las víctimas, ha asegurado, no tienen privacidad ni reciben la atención adecuada a la que tienen derecho.
Esmeralda Casado ha añadido que también faltan juzgados de lo social, donde se celebran innumerables juicios y donde, en ocasiones, «se espera en la calle» por falta de espacio y se impide que graduados sociales y abogados se entrevisten de forma reservada con sus clientes.
Ha criticado que «nunca» han recibido respuesta a sus preguntas por parte de los responsables de la Consejería de Justicia, y ha insistido en que hay una «onda preocupación» por la falta de transparencia e información, tanto sobre las previsiones para construir una ciudad de la justicia como sobre el acondicionamiento del edificio llamado ahora «auditorio».
También ha opinado que Canarias no puede tener una justicia de dos velocidades, y mientras que la provincia de Las Palmas hay una ciudad de la justicia del siglo XXI en Santa Cruz de Tenerife se tiene un «laberinto del pasado». EFE
