Santa Cruz de Tenerife, 27 ago (EFE).- La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una denuncia contra seis cargos públicos por la contaminación de Playa Jardín, espacio del municipio de Puerto de la Cruz, en Tenerife, que estuvo cerrado durante casi un año por contaminación fecal.
Los demandados por la Fiscalía son el responsable del área de turismo del Cabildo de Tenerife hasta el año 2019, Alberto Bernabé; el exalcalde de Puerto de la Cruz Marco González; la consejera insular de Medio Ambiente, Blanca Pérez; el gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Dávara y los concejales de Puerto de la Cruz David Hernández y Alberto Cabo.
La Fiscalía recuerda en su escrito, adelantado por Radio Club, que en julio de 2024 el Ayuntamiento decretó el cierre de la playa dada la “degradación” del agua reflejada en el informe de 21 de junio de 2024, del Servicio Canario de Salud (SCS).
En dicho informe se instaba a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo autónomo a que adoptara las medidas necesarias a fin de evitar la contaminación fecal y degradación microbiológica que podría estar relacionada con la gestión de las infraestructuras municipales.
El Ministerio Público apunta que la localidad “tiene importantes carencias en la red de saneamiento y en el citado núcleo urbano hay bastantes viviendas que no están conectadas a la red por lo que realizan el vertido de aguas domésticas a un pozo negro”.
En cuanto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Valle de La Orotava, a través de Punta Brava propiedad del Cabildo, se recuerda que debe realizarse de forma regular su vigilancia, mantenimiento, reparación de fugas y roturas del emisario.
Este control lo tiene que realizar el Consejo Insular a través de entidades colaboradoras al menos una vez al año, lo que no consta que se haya llevado a cabo.
En las proximidades de Playa Jardín está autorizado el vertido de aguas residuales urbanas en la Estación Depuradora de La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos.
La Fiscalía apunta que desde 2016 el Cabildo en el programa de vigilancia y control que debía aportar a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias no ha garantizado la calidad del agua, tanto desde el punto de vista biológico como de las infraestructuras.
A todo ello se une que hay dos estaciones de bombeo cerca de la playa para las cuales el Ayuntamiento nunca solicitó la previa y preceptiva autorización de vertidos. En 2023 la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural impuso sanciones sin que conste que haya solicitado la legalización de las mismas.
En el informe de la Fiscalía se refleja que “existe constancia documental de que entre enero y junio de 2024 entraron en funcionamiento los aliviaderos produciéndose vertidos no autorizados”.
Ese mismo año la Dirección General del Gobierno canario autoriza realizar el vertido al mar de aguas residuales urbanas pretratadas a través del emisario submarino en Punta Brava.
En 2011 la Viceconsejería de Medio Ambiente cambió la titularidad de esta estructura a favor del Cabildo y pidió modificar determinados condicionantes que aún están en tramitación. El 10 de julio de 2020 el CIATF comunica en una inspección submarina la existencia de una fuga cuya reparación no se hizo hasta junio de 2023.
Tras el cierre de playa Jardín, según el Ministerio Público, lo único que ha hecho el Cabildo son “reparaciones provisionales del emisario submarino hasta que puedan acometer la definitiva”, obra que implicaría entre otras muchas actuaciones la sustitución de un tramo de aproximadamente 240 metros del trazado del emisario, ya que se trata de “una infraestructura obsoleta”.
El resultado de las más de 600 inspecciones visuales y tomas de muestras efectuadas en el agua de Playa Jardín por parte de la Dirección General de Salud Pública del SCS del Gobierno de Canarias desde el año 2020 a 2024, demuestran la existencia de agentes microbiológicos de contaminación fecal.
Según dichos datos los indicadores se han agravado de forma “abrupta” a partir de 2018 produciéndose “una degradación” de la calidad del agua, de tal forma que en 2021 pasó de ser buena, a suficiente en 2023 y luego insuficiente un año más tarde.
“En cuanto a los efectos para la salud humana debemos tener en cuenta que las aguas residuales urbanas contienen microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades con capacidad de producir gastroenteritis, enfermedades respiratorias, diarreas, vómitos, miocarditis y meningitis entre otras”.
Para la Fiscalía es el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el que debe velar para que la playa se mantenga en condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
Los análisis del Seprona indican falta de depuración de la EDAR y un importante olor a cloro cuyo uso no es recomendable en estos casos y que las bacterias fecales muestran una afección en la calidad de la playa para el baño.EFE
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