La diputada y portavoz en materia de vivienda de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Carmen Hernández, acusó este miércoles al Gobierno de Fernando Clavijo de bloquear el derecho de la ciudadanía canaria a acceder a una vivienda por la vía judicial. Hernández presentó una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar una nueva Ley Canaria de Vivienda que reconozca el acceso a una vivienda como un derecho subjetivo, lo que obligaría al Ejecutivo a facilitar un domicilio o una prestación económica, y permitiría a la ciudadanía reclamarlo ante los tribunales. La iniciativa fue rechazada con los votos de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI), además de la extrema derecha.
Entre las medidas clave de la propuesta, NC-BC planteaba una inversión plurianual del 0,4% del PIB regional —unos 216 millones de euros— para la construcción de un parque público de entre 20.000 y 30.000 viviendas. También proponía declarar la vivienda como derecho reclamable, topar el precio del alquiler, fomentar el uso de las más de 211.000 viviendas vacías existentes en las islas, y aplicar recargos fiscales a grandes tenedores e inversores especulativos.
“Nos dijeron que no porque no hay voluntad política”, lamentó Hernández, quien recordó que esta PNL es la tercera gran propuesta de NC-BC en materia de vivienda, tras intentar sin éxito limitar el precio del alquiler y reactivar el mercado del alquiler a partir de inmuebles desocupados.
“El Ejecutivo fracasa estrepitosamente en las medidas aprobadas con la imposición de la mayoría”, denunció la portavoz canarista, alertando de que el problema habitacional se agrava mientras el precio del alquiler no deja de subir, los jóvenes no pueden emanciparse, y miles de familias siguen sin acceso a una vivienda digna.
Hernández también criticó duramente el uso de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para fomentar la vivienda privada, rescatando una medida rechazada en 2007. Acusó al Gobierno de Clavijo de implementar políticas de derechas y favorecer la especulación inmobiliaria, bajando impuestos a los más ricos y apostando por un modelo de crecimiento ajeno al interés social. Sobre el PSOE canario, advirtió de su dependencia de Madrid: “Esa es la ventaja que tenemos los que solo nos sometemos a la soberanía del pueblo canario”, afirmó.
La diputada también reclamó una reforma integral de la Ley Canaria de Vivienda, que con 21 años de antigüedad no contempla problemáticas actuales como el auge del alquiler vacacional o la compra masiva de viviendas por parte de extranjeros.
Entre las propuestas concretas se incluían:
- Creación de un parque público de hasta 30.000 viviendas.
- Penalización fiscal a grandes tenedores con viviendas vacías.
- Cesión forzosa de pisos no ocupados, inspirándose en el modelo vasco.
- Equipamientos habitacionales para atender casos urgentes como desahuciados, mujeres vulnerables y jóvenes.
“Nosotros no pretendemos hacer la ley, hemos puesto sobre la mesa algunas líneas de trabajo con la idea de trabajar desde el consenso”, defendió Hernández, quien concluyó instando al Gobierno a demostrar que el llamado modo canario no es solo un eslogan: “Hoy tienen una oportunidad para trabajar por la ciudadanía canaria”.
