Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Gobierno de Canarias y los colegios de abogados han alcanzado un acuerdo para promover la negociación previa en los casos civiles y mercantiles sujetos a la justicia gratuita, con la intención de que al menos la mitad de ellos no lleguen a juicio y reducir así la litigiosidad en el archipiélago, la más alta de España.
En Canarias hubo 30.000 beneficiarios de la justicia gratuita en 2024, 18.000 de ellos en el ámbito civil y mercantil, por lo que este nuevo sistema que promociona los acuerdos previos entre las partes podría restar 9.000 pleitos al año, según han expuesto en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, Juan Antonio Rodríguez Rodríguez.
La Ley orgánica de Eficiencia de la Administración de Justicia, que recientemente ha entrado en vigor, obliga a las partes en los asuntos civiles y mercantiles a negociar para intentar alcanzar acuerdos previos, mediante medios alternativos para la solución de conflictos.
Consejería y colegios de abogados han acordado incentivar a los letrados inscritos en el turno de justicia gratuita, para que las partes lleguen a esos acuerdos y evitar la judicialización de los casos.
Para ello, los letrados que consigan esos acuerdos recibirán 418 euros, que es el módulo que más se paga en Canarias en los procesos de justicia gratuita, el que se aplica en los casos de mutuo acuerdo de derecho de familia.
Los acuerdos previos a la judicialización permiten, no sólo ahorrar tiempo a las partes en la solución de los conflictos, sino también dinero, y reduce el coste emocional que supone no alargar procesos que muchas veces son dolorosos para las personas, ha explicado Nieves Lady Barreto.
Para la administración de justicia, que está «colapsada», supone una reducción de litigios precisamente en la comunidad autónoma líder en litigiosidad, ha explicado Juan Antonio Rodríguez Rodríguez.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en la Administración de Justicia, la negociación previa entre las partes es un requisito ante de ir a juicio, de manera que con esta medida se incentiva ese acuerdo.
Porque en caso de no alcanzarse, y que el proceso continúe en los tribunales, los abogados percibirán por el intento infructuoso solamente el 10%, es decir, 41,8 euros, apenas para cubrir gastos.
La resolución de conflictos por vías alternativas permite además un acuerdo entre las partes beneficioso para ambas, más fácil de cumplir, porque no hay un tercero, el juez o la jueza, que tenga que imponer una solución que puede no satisfacer a todos y por tanto mantener los casos abiertos para la ejecución judicial de las sentencias, ha destacado el representante de los letrados.
El viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, ha incidido que la cultura del acuerdo es ya tradicional en la jurisdicción laboral o incluso en la penal, pero no ha existido en la jurisdicción civil.
En este caso, para fomentar esa resolución alternativa de conflictos, costosa en términos económicos, emocionales y de tiempo, y para promover una cultura contra la litigiosidad, se ha optado en Canarias por pagar los baremos más altos en justicia gratuita, ha subrayado el viceconsejero. EFE
