La pediatra y técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS, María Eugenia Angulo, participó hoy en una mesa redonda del curso ‘El juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia´
La pediatra y técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS) María Eugenia Angulo participó este jueves, día 22 de mayo, en una mesa redonda del curso El juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria bajo la organización de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
Concretamente, Angulo formó parte de la mesa de redonda denominada La coordinación interinstitucional. El lenguaje de los otros: ámbito sanitario, social y de protección, que estuvo moderada por Eva Bajo, médico forense e integrante de la Unidad de Valoración Forense Integral, infancia y adolescencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, y Concepción Rodríguez, magistrada del Juzgado de Menores Numero 1 de Madrid, y en la que también intervinieron José A. Díaz, pediatra experto en pediatría social y protección a la infancia y derechos de los niños y Ángeles García, jefa de la Unidad Familia e Infancia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Durante su intervención, Angulo repasó los detalles del Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias, que establece pautas de actuación ante la presencia de indicadores de violencia en una persona menor de edad desde los servicios sanitarios, así como las vías de comunicación y actuación coordinada con el resto de instituciones que intervienen: servicios sociales municipales, Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, instancias judiciales, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Angulo resaltó, además, que cuando un profesional sanitario realiza un parte de lesiones sobre determinadas circunstancias de salud de un paciente en edad infantil o en la adolescencia, las autoridades judiciales deben iniciar una investigación que justifique los hallazgos encontrados y tener en cuenta que hasta que no termine el desarrollo evolutivo no se puede descartar que no haya habido secuelas tras una lesión.
Además, busca mejorar la detección y la actuación sanitaria ante la violencia en la infancia y la adolescencia en el archipiélago, evitando la victimización secundaria y garantizando la protección de las personas menores víctimas de violencia con un mismo protocolo regional de actuación.
Este documento es el resultado del trabajo de más de cincuenta profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, policial, Medicina forense, Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias y de los equipos municipales e insulares, así como del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.
Asistencia integral a todo tipo de violencia
El protocolo recoge todos los tipos de violencia que puede sufrir la población infantil y adolescente: física, emocional o psicológica, de género, sexual, prenatal y perinatal, negligencia, trata y explotación infantil, trastorno facticio inducido por la persona cuidadora o la ejercida desde las instituciones, entre otras. Para todos estos casos, el documento recoge tanto sus indicadores que ayuden a los diferentes profesionales a identificar un caso, como las pautas a seguir para dar una asistencia y cobertura integral, tanto desde el punto de vista sanitario como judicial y de protección.
Angulo matizó que el documento supone una herramienta para estandarizar y coordinar las actuaciones a nivel regional y destacó la importancia de que la ciudadanía comunique cualquier caso de violencia del que tenga conocimiento. También recordó que este protocolo incluye nuevas líneas de coordinación interinstitucional que contribuirán a optimizar y reducir el número de intervenciones con la persona menor de edad víctima de violencia y proteger a este colectivo con la adopción, en su caso, de las medidas que precise, procurando la intervención inmediata y eficiente de todos los ámbitos implicados.
