Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha dicho este jueves que se trabaja en un decreto ley que resuelva la anulación del servicio de vigilancia en playas que el ejecutivo regional había impuesto a los municipios con menos de 20.000 habitantes.
El Gobierno canario aprobó en 2018 un decreto por el cual se imponía a los municipios de menos de 20.000 habitantes prestar el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño, y en 2023 el Tribunal Supremo estimó el recurso que la Federación Canaria de Municipios (Fecam) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que había considerado conforme a derecho el decreto.
Este jueves, en comisión parlamentaria, la diputada del grupo Socialista Nayra Alemán ha preguntado al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, por medidas para reforzar la seguridad en el medio acuático, así como por las acciones tras la anulación del citado decreto, y por actuaciones para proteger a los menores en las zonas de baño.
El consejero ha reconocido que las cifras no son buenas, ya que, como ha dicho la diputada socialista, durante dos meses en las islas se contabilizaron 50 accidentes en el medio acuático, 8 de ellos tuvieron como afectados a niños, uno de los cuales falleció.
Manuel Miranda ha manifestado que se han producido accidentes de niños en piscinas, e incidentes de personas que se meten en sitios en los que «no hay manera», por lo que ha reconocido que es un problema difícil de abordar y que, en muchos casos, pasa por la concienciación.
Por ello ha opinado que tal vez habrá que empezar a trabajar por hacer campañas de concienciación en los colegios para generar la semilla que evite cometer imprudencias.
En cuanto al decreto anulado por el Tribunal Supremo, el consejero ha comentado que se ha trabajado con la Fecam y se piensa que la solución va en la línea de un decreto ley en el que se incluya integrar en la ley del sistema canario de seguridad y emergencias las cuestiones reclamadas por el alto tribunal.
De esa forma, ha continuado Manuel Miranda, habría un plan general de playas que incluiría un análisis de la casuística de cada una de ellas, y un mapa de zonas reguladas, así como un compromiso para dar subvenciones a los municipios de menos de 20.000 habitantes para que afronten los problemas de seguridad.
La empresa pública Gesplan tiene desde 2023 una encomienda para monitorizar las playas y así poder tener un plan que permita dar cobertura a los ayuntamientos, ha añadido el consejero.
El decreto ley podría presentarse a la Fecam a finales de octubre de este año para intentar que se pueda aplicar antes del próximo verano, pero el consejero no se ha mostrado muy convencido de que se consiga.
La diputada del grupo Socialista se ha mostrado a favor del decreto ley, si bien ha estimado que no ve claro dar subvenciones a los ayuntamientos para que cumplan competencias que son de otras administraciones, y ha propuesto incluir un plan autonómico de seguridad acuática. EFE
