Madrid (EFE).- El Ministerio de Juventud e Infancia ha citado este lunes a las comunidades autónomas para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta hacia otras regiones.
La reunión tendrá lugar en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a partir de las 16 horas con el fin de sacar adelante un acuerdo en diferentes puntos, alineados con el real decreto ley aprobado por el Gobierno, que modifica la ley de extranjería y fue convalidado por el Congreso el pasado 10 de abril.
Traslado de unos 4.400 chicos, la mayor parte desde Canarias
La propuesta del Ministerio para esta reunión recoge cuestiones claves del mecanismo creado por el Gobierno, que supondrá el traslado de unos 4.400 chicos, la mayor parte de ellos desde Canarias, durante el primer año y a partir del verano.
El real decreto ley da poder a la Conferencia Sectorial para cambiar varios aspectos del modelo de derivación si así lo aprueba por unanimidad, algo poco probable, ya que existen grandes diferencias entre las regiones en torno a este tema.
De hecho, el pasado viernes, el Gobierno de Aragón recurrió ante la Justicia la propia convocatoria de la Sectorial por considerarla derivada del real decreto ley y la Comunidad de Madrid pidió por carta a la ministra que cancelase la reunión, tachándola de ilegal.
El mismo texto especifica que, en el caso de que no haya tal consenso, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución en los términos que establece el decreto.
Esto significa establecer cuántos menores debe acoger cada comunidad de forma ordinaria según su población y el derecho a pedir la derivación de los menores a otro lugar cuando la ocupación de sus recursos exceda en tres veces esta capacidad.
Criterios de reparto entre las comunidades
La propuesta que se pretende aprobar hoy también incluye los criterios de reparto entre las comunidades: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento estructural del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).
Y determina la posibilidad de prorrogar la capacidad ordinaria de los sistemas de protección: solo podrá ampliarse durante un año -mediante real decreto y previo informe de la Sectorial- y después se requerirá el acuerdo unánime de las comunidades o, en su defecto, mayoría absoluta en el Congreso.
La propuesta precisa que, a partir del primer año de prórroga, sin acuerdo unánime de la Sectorial sobre la capacidad ordinaria de los sistemas de protección, la resoluciones del Estado derivadas de esta ley sobre la reubicación de menores no serán de obligado cumplimiento para las comunidades.