Liberadas 45 personas que eran explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas
Las víctimas vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas en explotaciones agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura
La organización criminal que las explotaba, con base en la provincia Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino que se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad de migrantes procedentes de Nepal, Pakistán e India
Las víctimas vivían hacinadas, en condiciones insalubres y sometidas a permanente vigilancia. Hay nueve personas detenidas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), tres de las cuales han ingresado en prisión provisional
La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la «operación Lhotse-Tiger», han desarticulado una red de trata de seres humanos y explotación laboral y han conseguido liberar a 45 víctimas que eran explotadas en fincas agrícolas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
La organización, con base en la provincia de Zaragoza, estaba integrada por ciudadanos de origen pakistaní y argentino especializados en la captación y explotación de migrantes en situación de vulnerabilidad, procedentes de países como Nepal, Pakistán e India, a los que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España. Hay nueve personas detenidas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), tres de los cuales han ingresado en prisión provisional.
La investigación ha revelado la existencia de una organización que proporcionaba trabajadores a empresas distribuidas por todo el territorio nacional, aprovechándose de su vulnerabilidad económica y de su situación irregular. El grupo alojaba a las víctimas, a las que engañaban con falsas promesas de trabajo digno en España, en viviendas con condiciones insalubres, bajo constante vigilancia y sin documentación.
Las declaraciones de las víctimas han revelado que eran traídas desde Europa oriental, que padecían una situación de extrema pobreza y que el grupo criminal les cobraba por alojarse, por transportarlas hasta sus lugares de trabajo o por conseguirles empleo.
Una investigación conjunta en varias provincias
La investigación comenzó en 2024 cuando en una inspección se detectó a varias personas temporeros de origen asiático que vivían en condiciones muy precarias en una nave de una empresa alimentaria situada en Candeleda, Ávila.
Fruto de esta investigación, fueron detenidas tres personas: un encargado de la custodia de las mujeres y dos responsables de la empresa alimentaria por su conocimiento y aprovechamiento de la situación de las víctimas.
En paralelo, días antes se hizo otro hallazgo de trabajadores nepalíes sometidos a condiciones de explotación, en este caso en una instalación agrícola de Valverde de la Vera (Cáceres). En concreto, se descubrió a siete trabajadores en situación irregular, que trabajaban con documentación falsificada y que vivían en condiciones deplorables e incluso de mendicidad.
Más de una veintena de trabajadores hacinados en una vivienda de Caspe
La conexión entre ambas investigaciones llevó a la Guarda Civil y a la Policía Nacional a realizar una operación conjunta que se saldó con nuevas detenciones y la liberación de más víctimas de explotación.
En Barcelona se realizó un registro y se detuvo a un individuo por exigirle dinero a un trabajador explotado en Ávila a cambio de su documentación. Y en Cáceres se detuvo a dos responsables de la explotación agrícola donde se habían encontrado previamente a los siete trabajadores nepalíes.
Finalmente, los investigadores se centraron en los miembros del grupo encargados de captar y explotar a los ciudadanos nepalíes. Después de año y medio de investigación, se realizaron dos registros simultáneos en dos domicilios de Caspe (Zaragoza), con la detención de tres miembros del grupo criminal, incluyendo a los dos principales cabecillas, y la liberación de más de una veintena de migrantes hacinados en una misma vivienda.
Obligación de pagar 100 euros al mes
Esos trabajadores dormían apiñados en colchones, con un solo baño para todos y en estancias con deficiencias estructurales. Provenían del este de Europa y vivían en una situación de extrema pobreza y necesidad, con documentación falsa y con la obligación de pagarle al grupo criminal 100 euros mensuales, además de siete euros diarios por ser transportados hasta el trabajo. En ocasiones, los explotadores mediaban con los propietarios de las empresas para conseguirles empleo a sus víctimas, por lo que se quedaban con parte de sus salarios.
Tres de los nueve detenidos han ingresado en prisión de forma provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
Para más información puede ponerse en contacto con la oficina de prensa de la Guardia Civil en Ávila a través del teléfono 920 22 44 00 (extensión 1210009) y 690 73 33 83.
