· El nuevo marco normativo será más eficaz, moderno y ajustado a las necesidades reales de protección, gestión y transmisión del patrimonio
· La consejera, Migdalia Machín, afirma que “con esta modificación legislativa, el Gobierno de Canarias da un paso firme hacia una protección activa, garantista y sostenible del legado cultural del Archipiélago”
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, a través de su Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural ha impulsado una profunda modificación de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, con el objetivo de dotar al Archipiélago de un marco normativo más eficaz, moderno y ajustado a las necesidades reales de protección, gestión y transmisión de nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial.
El proyecto de reforma ya ha sido presentado ante el Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural, avanzando así en su tramitación con plena participación técnica y sectorial, que pretende abordarse mediante Decreto-ley por el estado de necesidad y urgencia que requiere la protección del patrimonio.
Para la titular de Patrimonio del Ejecutivo Canario, “con esta modificación legislativa, el Gobierno de Canarias da un paso firme hacia una protección activa, garantista y sostenible del legado cultural del Archipiélago. Es, en definitiva, una apuesta decidida por la memoria, la identidad y el futuro cultural de nuestra tierra”.
Machín destaca la importancia de reformar la Ley en varios puntos, especialmente en lo referente a los instrumentos, medidas y mecanismos de protección, para asegurar una protección eficaz de los bienes. “Esta reforma no solo mejora la operatividad administrativa y la seguridad jurídica, sino que refuerza la dimensión social y comunitaria del patrimonio, situando a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas.
El texto, que afecta a más de medio centenar de artículos, responde a la necesidad de corregir disfunciones detectadas por las administraciones públicas y operadores jurídicos, mejorando la eficacia de los procedimientos, fortaleciendo las garantías jurídicas y facilitando la cooperación entre instituciones y ciudadanía.
Con este proyecto, el Gobierno de Canarias da un paso firme en la modernización del marco jurídico del patrimonio cultural, ofreciendo herramientas más claras, participativas y adaptadas a las realidades territoriales y sociales. La reforma busca asegurar una gestión sostenible, transparente y comprometida con la memoria, la identidad y el futuro cultural de Canarias.
“Preservar el patrimonio no es solo conservar el pasado, sino preparar el terreno donde puedan enraizar la creatividad, el conocimiento y el sentido de pertenencia de las generaciones futuras. Apelamos, por tanto, a la corresponsabilidad institucional y al rigor parlamentario en esta tarea colectiva de cuidar lo que somos”, destacó la consejera.
Principales modificaciones
La propuesta rediseña las figuras de protección, reservando la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) a elementos que acrediten valores excepcionales, y creando una nueva figura, los Bienes de Relevancia Patrimonial Insular (BIRP), que sustituirá los actuales catálogos insulares, permitiendo una tutela intermedia más eficaz y ajustada a cada realidad territorial.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la clarificación y ampliación del régimen de medidas cautelares, permitiendo su adopción incluso antes del inicio formal de un expediente para evitar daños irreversibles. Esta medida refuerza la capacidad de actuación inmediata ante amenazas reales sobre los bienes patrimoniales.
Destaca el fortalecimiento del régimen sancionador, con sanciones que, en caso de infracciones graves, podrán alcanzar hasta un millón de euros. En particular, el artículo 142 contempla la imposición de multas proporcionales al daño causado, con posibilidad de incrementos si el beneficio obtenido supera la cuantía de la sanción.
Además, de la introducción de criterios técnicos y procedimientos reglados para las candidaturas canarias a las listas de Patrimonio Mundial y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, incluyendo requisitos documentales, planes de gestión y la creación de una entidad gestora por cada candidatura.
La apuesta por una planificación cultural a medio y largo plazo, mediante la elaboración de Planes de Patrimonio Cultural y la renovación de la Carta Canaria para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial.
En esta nueva norma se contempla la creación de infraestructuras de difusión y accesibilidad patrimonial, como la futura Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables, el Gabinete Numismático de Canarias y una red pública de museos que afiance la relación entre ciudadanía y legado cultural.
Así como, la incorporación de medidas de fomento específicas, dirigidas a personas titulares de bienes protegidos, especialmente en municipios de menos de 50.000 habitantes. Estas medidas incluyen incentivos fiscales, compensaciones económicas, asesoramiento técnico y apoyo a la elaboración de catálogos municipales.