Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los dos rectores de las universidades públicas canarias han dirigido una carta a los grupos políticos del Parlamento autonómico para mostrar su malestar por su exclusión de las consultas para la elaboración del proyecto de ley de la Ciencia por parte del Gobierno regional, así como para remitir directamente sus aportaciones a la cámara legislativa.
En su escrito, Luis Serra por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Francisco García por la Universidad de La Laguna (ULL), lamentan no haber sido invitadas a participar ni consultadas durante la redacción de la ley, pese a que las dos instituciones «aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago».
Solamente cuando el texto llegó al Parlamento supieron las universidades de su contenido, ya que no hubo «trámite de audiencia pública amplio», señalan los rectores, que consideran que su exclusión puede incluso ser constitutiva de nulidad.
«Esta exclusión constituye una oportunidad perdida, pues el proyecto de ley, tal como está formulado, no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i», aseguran ambos rectores, quienes reconocen no obstante la importancia de contar con una ley autonómica de ciencia, tecnología e innovación.
Ante esa falta de consulta a las instituciones docentes por parte del Gobierno de Canarias, los rectores plantean sus propuestas a los grupos parlamentarios para que las tengan en cuenta durante la tramitación del proyecto de ley, «convencidos de que esta Cámara será sensible» a sus aportaciones.
«Proteger y potenciar la investigación pública, particularmente la universitaria, es fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible a largo plazo, con mayor valor añadido y bienestar social», sostienen.
Los rectores proponen incorporar a la Ley de Ciencia un título específico dedicado a las universidades públicas Canarias que incluya mecanismos de apoyo y financiación y recursos humanos y materiales suficientes para la investigación universitaria.
Sin ese título específico «la ley nace coja», advierten Luis Serra y Francisco García, quienes reclaman también que se designe la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) como órgano vertebrador del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación.
El desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva, el reconocimiento y financiación de estructuras de investigación de excelencia y la inclusión de un título específico sobre la transferencia de conocimiento son otras de sus propuestas para incluir en la Ley de Ciencia.
Otros planteamientos de los rectores pasan por introducir una clasificación detallada de los agentes sistema (universidades, organismos públicos de investigación, institutos, hospitales, centros tecnológicos o empresas innovadoras), como ocurre en otras leyes autonómicas, así como la creación de un registro obligatorio de agentes.
Las universidades reclaman también una representación acorde a su peso investigador en el Consejo asesor, donde quieren tener la mayoría total de los miembros con derecho a voto.
La inclusión de todas las áreas del conocimiento en la estrategia de I+D+i, la simplificación y agilización administrativa de la gestión de la I+D, la publicación anual de un calendario de convocatorias o la exclusión de los trámites aduaneros del equipamiento científico son otras de sus demandas. EFE
