Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los rectores de las dos universidades públicas canarias han pedido este jueves a los grupos políticos del Parlamento autonómico que mejoren el proyecto de ley de Ciencia que les ha remitido el Gobierno, ya que consideran que tiene importantes carencias y que los centros académicos no fueron consultados suficientemente por el ejecutivo antes de su redacción.
Francisco García, de la Universidad de La Laguna (ULL), y Lluis Serra, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han agradecido al Parlamento que dé voz a las dos instituciones que concentran el 95% del I+D+i de Canarias.
Han garantizado a la Cámara que, pese al «malestar» que sienten por la actitud previa del Gobierno por su escasa participación, su voluntad sigue siendo constructiva y quieren que sus propuestas sean tenidas en cuenta en la Cámara legislativa para mejorar un proyecto de ley que consideran trascendental.
El Gobierno de Canarias posiblemente redactó el texto «con ayuda externa» de consultores, comentó Lluis Serra, y afirmó que «en lugar de encargarlo fuera» el ejecutivo «debería haber contado con las universidades públicas, que no barremos para casa, sino para Canarias».
Las vías de participación «fueron insuficientes», corroboró Francisco García, quien no obstante se congratuló de que el Parlamento los haya llamado, de manera que ha quedado claro que las universidades públicas no son «un agente más» dentro del sistema de investigación en Canarias.
De hecho, una de las principales demandas de los dos rectores a los grupos parlamentarios es que se introduzcan dentro de la ley un título específico dedicado a las universidades públicas, puesto que generan más del 95 % de la producción científica de Canarias y la totalidad de los doctorados.
Entre sus demandas también piden que se garantice una financiación específica, protegida y plurianual para la ciencia en las universidades públicas, que sea independiente de su presupuesto general ordinario y desvinculada de los vaivenes económicos.
Lluis Serra pidió al Parlamento que corrija el enfoque mercantilista que se desprende del proyecto de ley del Gobierno, porque centrarse en la utilidad económica de la ciencia es «empobrecedor».
Defendió una concepción plural, transversal y humanista de la ciencia, que valore todas las áreas del saber y no discrimine por su rentabilidad inmediata.
En la misma línea, Francisco García incidió en que en la ciencia hay cuestiones que van mucho más allá de la economía, y aconsejó al Parlamento que se desmarque de la visión utilitarista de la ciencia y la universidad.
Junto al reconocimiento específico de las universidades públicas en la Ley de la Ciencia y la garantía de financiación de su función investigadora, los dos rectores coincidieron en demandar el fortalecimiento de la transferencia de conocimiento a la sociedad.
Al respecto, proponen un apartado específico en la Ley que recoja incentivos retributivos específicos para investigadores que transfieren conocimiento o medidas de apoyo a la creación de ‘spin-offs’, a las colaboraciones con las empresas y a la creación de estructuras de investigación de excelencia mixtas con el sector privado, como institutos y consorcios.
El desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva con contratación estable, evaluaciones periódicas, progresión profesional y movilidad nacional, internacional y con el tejido productivo fue otra de sus propuestas.
Otras de sus aportaciones fueron la agilización y simplificación administrativa, la reforma de las convocatorias públicas de investigación, la simplificación de las aduanas, la publicación anual de un calendario de convocatorias públicas, la implementación de programas para atraer talento, la creación de un registro de agentes del sistema de I+D+i y la revalorización laboral y profesional del título de doctor. EFE
