Tres directivos de una empresa sociosanitaria serán juzgados por explotación laboral
Los directivos obligaban a sus empleados a devolver parte de sus salarios, firmar bajas en blanco o recibís de pagas extraordinarias que nunca recibían
Redacción 
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzgará la próxima semana a los responsables de una empresa del sector sociosanitario en La Guancha acusados de quedarse con parte de la nómina mensual de algunos de sus trabajadores. Los acusados son el administrador y socio único de la empresa, ubicada en el barrio de Santo Domingo, el apoderado y director general y una mujer que ejercía como supervisora, para quienes la Fiscalía pide una pena de cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según se recoge en el escrito de calificación, los tres actuaron de común acuerdo y aprovecharon la necesidad de trabajar de sus 35 empleados para obligarles a devolver parte de su salario en metálico dentro de un sobre que debían depositar en un buzón interno. De no hacerlo, estos empleados, generalmente auxiliares de enfermería y auxiliares sociosanitarios, eran amenazados con el despido o con no ser contratados.
Con el mismo propósito y bajo idéntica advertencia, los acusados les exigían firmar el cobro de las pagas extraordinarias sin llegar a recibirlas o que firmaran documentos de baja laboral voluntaria en blanco, normalmente, como condición para hacerles un contrato indefinido. Además, según recoge el escrito de Fiscalía, les advertían de que para continuar trabajando en la empresa, si se querían disfrutar las vacaciones, éstas no se pagaban o se descontaban del salario los días disfrutados.
La intervención de la policía se produjo tras llegar la denuncia a los tribunales, que intervino en la sede de la empresa un buzón con doce sobres de trabajadores con distintas cantidades de dinero por valor de 2.606,11 euros. Además, en una mesa de la oficina de uno de los acusados, la comisión judicial halló diversa documentación bancaria, contratos de trabajo, bajas voluntarias, cheques y hojas manuscritas y tres agendas.
El Ministerio Público pide 4 años de cárcel para los acusados y la pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de seis euros e indemnizar conjunta y solidariamente a los afectados en la cantidad que se determine en el acto de juicio oral o en fase de ejecución de sentencia.
Agencia EFE | jmor/acp
