El juzgado da la razón a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna y ratifica la clausura de Tricampa

Tricampa ocupa una parcela situada en San Bartolomé de Geneto que en la década de los 90 y durante los primeros años del nuevo siglo se utilizó como depósito de vehículos; hasta 2011, cuando cesó casi por completo su actividad, según muestran las imágenes aéreas captadas por la empresa pública Grafcan. 

Entre 2011 y 2016, año en el que fue adquirida por los nuevos propietarios, solo se aprecia un uso residual de la parcela, ocupada puntualmente por algunos vehículos. A partir de entonces se reactiva la antigua actividad de campa, que se complementa con un servicio de limpieza y taller de mantenimiento, para lo que amplía la superficie de uso mediante la realización de diversas actuaciones urbanísticas.

Los distintos expedientes abiertos contra Tricampa por parte de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna revelan que ni las obras ejecutadas ni la actividad desarrollada cuentan con licencia municipal. Si bien trataba de contar con título de actividad mediante la presentación de sucesivas comunicaciones previas, todos estos títulos decaían en su eficacia, toda vez que no contaban con un requisito previo fundamental según la Ley de Actividades Clasificadas de Canarias y la Ley del Suelo de Canarias: la compatibilidad de uso urbanístico.

Este hecho llevó a la Gerencia de Urbanismo, bajo la dirección de Santiago Pérez, a poner en marcha diversos procedimientos para restablecer el orden perturbado e intentar frenar una actividad clandestina que invade más de 100.000 metros cuadrados de suelo. La actividad clandestina estaba sirviendo de aliciente a otras empresas de idéntica actividad que pretendían instalarse en suelos no aptos para este uso urbanístico.

Este expediente administrativo, cuya resolución ha sido refrendada por el juzgado, es una muestra de la política en materia de disciplina urbanística que ha impulsado Santiago Pérez mediante la instrucción dictada en 2020, que reordena las prioridades de la disciplina urbanística, establece criterios objetivos para su actuación y pone el foco en las grandes infracciones urbanísticas en el municipio. 

El edil lagunero señala que se trata de una instrucción inédita, muy detallada, que marca las prioridades en esta materia. Además, Santiago Pérez defiende que “primero es preciso atajar la gran infracción urbanística, aquella que supone una vulneración más grave del ordenamiento jurídico y la que más repercusiones tiene sobre el territorio”. Igualmente se establece la prioridad de perseguir las infracciones cuyo plazo de prescripción está más cercano en el tiempo, “para tratar de evitar la impunidad”.

Santiago Pérez subraya la importancia de esta medida “porque, además de tener un efecto pedagógico, refuerza la autoridad moral de la Administración: no puede ocurrir que la gran infracción urbanística acabe impune, prescribiendo. La experiencia nos enseña, asimismo, que el gran infractor está muy bien asesorado jurídicamente”, asegura.

El concejal de Ordenación del Territorio considera “crucial” que la disciplina urbanística se ejerza primordialmente con un orden de prioridades preestablecido, “y no se convierta en el campo de batalla en el que se dirimen malquerencias vecinales y ajustes de cuentas, de forma que la actuación de la Administración funcione a impulsos de denuncias. Los particulares tienen derecho a presentar denuncias y la Administración debe atenderlas, pero su actuación prioritaria debe regirse de acuerdo a criterios objetivos. Para ello debemos aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que nos permiten detectar cualquier alteración en el territorio”, afirma.