Exclusión severa en Canarias

Por Salvador García Llanos

Algunos datos son muy negativos y preocupantes: por ejemplo, se detecta un aumento de la exclusión severa en Canarias. Ello es fruto de que algo más de seiscientas treinta mil personas, un 29,1 % de los habitantes de la región, están en una situación de “desventaja importante”. El Informe revela que el desempleo total familiar casi se ha duplicado, de modo que hoy existen en las islas más de ciento veinte mil núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro. Se constata, asimismo, una falta de acceso a derechos fundamentales como la salud y la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables.

La Fundación Foessa fue pionera en la introducción de la investigación empírica a través de los los informes y las investigaciones sobre la situación y el cambio social de España  que señalan la importancia de conocer la situación de nuestro país a través del análisis de los procesos, las estructuras y las tendencias que marcan la evolución social. Desde el año 1995 se enfoca en el desarrollo y la exclusión social en España y en las Comunidades Autónomas. Foessa se estructura orgánicamente en un patronato constituido por organizaciones sociales, universidades y miembros a título personal que garantizan la misión de la misma. Junto a él posee un comité técnico que desarrolla las actividades diseñadas por la Fundación.

A lo que vamos. Por registros, que no sea. Ha aumentado el grupo de las personas más frágiles, produciéndose un incremento del 15 % de las situaciones de exclusión severa, es decir, más de trescientas mil personas, lo cual significa que las personas en situaciones más críticas ya representan casi la mitad de las personas presentes en el espacio de la exclusión social.

Es preciso subrayar que los niveles de pobreza monetaria y desigualdad son altos y persistentes para muchas familias canarias. No obstante, aunque en los últimos años se ha reducido la distancia con España, las tasas de pobreza siguen siendo en el Archipiélago superiores a las registradas en el conjunto del Estado y afectan, en su versión más severa, a cerca de cuatrocientos veinticinco mil canarios (19,6% en Canarias por 11,3% en España).

Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia han traído consigo una digitalización que se está revelando como un nuevo factor de exclusión: la brecha digital, que afecta al 30% de los hogares canarios; y, en mayor medida, a los hogares en exclusión severa, pues un 44% de estos hogares no tienen acceso al mundo digital.

Según los datos recogidos en el informe, esta crisis está “feminizando” aún más el espacio de la exclusión, pues en 2021 la brecha entre los hogares encabezados por hombres y los encabezados por mujeres se ha incrementado notablemente y como resultado, el 28% de los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer se encuentra en situación de exclusión frente al 22% donde la figura sustentadora es un hombre.

Se produce, siempre según el informe de Foessa, una segunda brecha que hace referencia al origen. Los datos concluyen que ser extranjero en el Archipiélago canario supone una enorme desventaja, pues cerca de la mitad de los hogares encabezados por una persona de origen extranjero (47%) se encuentra en situación de exclusión; esto significa casi el doble de exclusión que en los hogares encabezados por alguien de nacionalidad española, lo que dibuja una nueva línea de exclusión en esta “sociedad fracturada”.

Pero para Foessa, no hay duda que aunque todavía existe un amplio margen de mejora frente a esta situación, es necesario perfeccionar el sistema de protección social a futuro con las siguientes propuestas básicas que sugiere Cáritas regional del Archipiélago canario:

1.- Reimpulsar el modelo de políticas públicas sociales en su conjunto. La magnitud de la exclusión severa en Canarias demanda un continuo proceso de adaptación, transversalidad e integralidad tanto del modelo de trabajo social como del modo de organización de las políticas públicas.

2.- Mejorar los canales de acceso y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio de la protección social. Solo el 15% de las personas en situación de pobreza severa en Canarias percibe actualmente esta ayuda.

3.- Poner en marcha políticas integrales y transversales frente a la exclusión residencial. Setenta y cinco mil familias sufrieron retrasos o no tuvieron dinero suficiente para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el alquiler o la hipoteca.

4.- Disponer de políticas públicas que pongan los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Sin olvidar que es preciso mantener las puertas no digitales abiertas, de forma que el proceso de adaptación de las personas más excluidas de la digitalización, no les deje fuera.

El asunto apareció, como es natural, en el Debate sobre el estado de la nacionalidad que hoy concluye en el Parlamento de Canarias. El presidente del Gobierno reconoció que el Informe de Foessa “refleja una dura realidad que llevamos arrastrando desde hace décadas”. Ángel Víctor Torres remarcó que Canarias ya partía de datos negativos de riesgo de exclusión social antes de la pandemia y que el informe recoge que las islas están entre las comunidades donde menos ha crecido la exclusión social en los últimos tres años. “No es un consuelo, porque queda mucho por hacer”, dijo pero indicó que las medidas de protección social “han tenido su efecto como muro de contención. Cáritas ha reconocido los esfuerzos realizados para amortiguar el impacto que ha producido la pandemia”.