La jueza no tiene la grabación con la entrega de los móviles que destaparon el caso Mediador

La jueza que instruye el caso Mediador ha comunicado al abogado Rachid Mohamed, que defiende a Marco Antonio Navarro Tacoronte, imputado que da el nombre a la trama, que por un error técnico no dispone de la grabación del momento en el que su cliente entregó los móviles que dieron lugar a esta investigación, ha afirmado el letrado.

En esos cuarenta minutos también debería haber estado recogida la negativa de su anterior abogado, Plácido Alonso Peña Fumero y la renuncia de su cliente a contar con sus servicios, ha dicho a EFE el abogado. 

Afirma que cuando este último letrado declaró como imputado hace escasas semanas la juez le aseguró que la grabación existe y que se la haría llegar.

Las investigaciones del caso Mediador se centran en la existencia de presuntos sobornos de empresarios a políticos a cambio de la obtención de favores y ya cuenta con cerca de una veintena de imputados y un sumario de más de mil folios.

La causa surgió tras declarar Marco Antonio Navarro Tacoronte por un delito de estafa en otro caso y, según ha manifestado, fue obligado a entregar sus móviles en los que guardaba datos que dieron lugar al caso Mediador.

El letrado actual del Mediador está a la espera de que se le responda a varias diligencias de investigación presentadas sobre lo ocurrido entre el 26 al 28 de enero pasados y más concretamente en los minutos en los que los terminales fueron entregados, para decidir qué medidas tomar, entre ellas pedir la anulación.

“Tras conocer la versión de mi cliente, del anterior abogado suyo y estudiar el sumario tengo clarísimo que lo ocurrido fue supergravísimo, más aún que la causa en sí. A nadie en su sano juicio se le ocurre entregar voluntariamente unos móviles para que lo imputen”, añade.

Aquel 28 de enero también se habría producido otro hecho inusual, según Mohamed, como fue la expulsión del anterior abogado por, según su defendido, “recomendación” de la magistrada, lo que ha sido considerado “muy grave” y que también será planteado como motivo de anulación.

Este paso podría darlo cuando se esclarezcan todas las circunstancias de lo ocurrido aunque la impresión que tiene es la de enfrentarse a “un monstruo descomunal como es la Administración de Justicia”.

También es posible que en caso de que se celebre una vista oral ésta sea una de las cuestiones previas que se planteen al inicio de la vista.

La grabación de lo ocurrido en aquellos cuarenta minutos es considerado “fundamental” para demostrar que efectivamente la vía utilizada para hacerse con los móviles “no fue muy ortodoxa”, como relata el abogado.

Por ello, desde principios del mes de junio este letrado ha comenzado a presentar diversos escritos en los que cuestiona e indaga la forma en la que se inició esta investigación. “Habría que saber si hubo consentimiento, si mi cliente fue presionado o amenazado con mandarlo a prisión y la influencia que en su estado de ánimo pudo tener haber permanecido tres días en el calabozo”, señala.

En esos cuarenta minutos, Navarro Tacoronte pasó de estar imputado por estafa a declarar como testigo, "sin garantías" pero con la obligación de decir la verdad por el contenido de los teléfonos, y luego citarlo al día siguiente como investigado con la asistencia de un letrado de oficio por esta misma trama.

Otro extremo que quedaría por aclarar es cómo se tuvo conocimiento del contenido de los terminales, si es cierto que ocurrió así antes de la primera declaración por estafa y que por ello se avisó a la Unidad de Delitos Tecnológicos.

“¿Porqué había tanto interés en esos teléfonos y porqué hubo tantas molestias para echar al anterior abogado a empujones hasta el punto de que ni siquiera pudo entrevistarse con su cliente?”, afirma el letrado.

Hasta ahora las respuestas que ha recibido este letrado es que todo momento se ha respetado la legislación y los derechos fundamentales, tal y como también mantiene la Fiscalía.

Apunta que su cliente era citado continuamente por los policías para “aconsejarle” lo que debía declarar y que en el momento de hacerlo contaba con la asistencia de diferentes abogados de oficio, lo que tampoco se acomodaría a la normativa sobre justicia gratuita.