La denuncia acusa al interventor del Cabildo de Gran Canaria de contratar a su mujer con interpuestos

El funcionario cuya denuncia ha provocado la detención del interventor del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia, le acusa de contratar servicios con la empresa de su mujer, Ángeles Horna, también arrestada, a través de empresas interpuestas.

Aunque la instrucción del caso se sigue bajo secreto, el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC), ha dado este jueves una explicación al pleno de la corporación de los hechos que, según su versión, se están investigando y de los antecedentes que existen de otras denuncias del mismo funcionario al mismo interventor.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria estudia si se cometieron delitos de corrupción en algunas de las contrataciones realizadas por el Cabildo para organizar sus jornadas sobre el paisaje en varias ediciones, la última en 2019.

Cinco personas fueron detenidas este miércoles por la Policía en relación a esos hechos mientras se practicaban seis registros, tres en dependencias del Cabildo y tres en despachos particulares: el del interventor Sánchez Arencibia; su esposa, la periodista Ángeles Horna; el jefe del área de planeamiento del Cabildo, Víctor Quevedo; y los periodistas Mónica Torres y Michel Jorge Millares, jefe de prensa de la institución desde mayo de 2021.

Todos los arrestados este miércoles, salvo el interventor, quedaron en libertad el mismo día, al culminar los registros que les afectaban.

El TSJC ya ha adelantado que Arencibia será puesto en libertad cuando se complete el último de los registros, previsiblemente este jueves.

"Esta situación es tremendamente desagradable para esta casa, pero abogo por la presunción de inocencia. Se presentó hace dos años una denuncia por un funcionario de esta casa, contra el interventor y varios funcionarios, empresas particulares y algún cargo público", ha explicado Morales a los grupos políticos en el pleno.

El presidente del Cabildo ha recordado que el mismo funcionario denunció al mismo interventor y a cargos públicos de la corporación hace años (concretamente durante el mandato de José Miguel Pérez, presidente desde 2007 a 2011), en una iniciativa que tuvo "eco en los medios de comunicación", pero luego "fue archivada".

La nueva denuncia, ha precisado, se interpuso en 2020: "Han pasado dos años, pero fue ayer cuando la Policía Judicial intervino para recabar información de ordenadores y discos duros de técnicos de esta casa y empresas que han colaborado en la organización de las Jornadas del Paisaje, evento de carácter anual. Se trata de contratos relacionados con este evento de 2016 a 2019".

"Fundamentalmente, intenta trasladar que se ha utilizado a empresas interpuestas para facilitar que la sociedad propiedad de la esposa del interventor hiciera el servicio. La empresa de esta persona puede trabajar para el Cabildo sin problema. Es una situación desagradable para las personas afectadas", ha añadido.

Los tres periodistas detenidos en la causa regentan, o regentaron en la época investigada, empresas de comunicación: Horna, Imaco 89; Millares, IT7; y Torres, Yedra.

Antonio Morales ha pedido respeto por la presunción de inocencia, pero también se ha ofrecido a "colaborar con la Justicia y la Policía judicial y poner a disposición todos los mecanismos para la documentación que precisen".

"Quería trasladarles esto porque estamos en el proceso de investigación de las causas, esperemos que no estemos varios años, como ocurrió en denuncias anteriores de este funcionario, y que se juzgue lo más rápido posible. La sentencia y el auto en otras ocasiones de denuncias de esta persona fue contundente", ha concluido

Después, en un receso del pleno, Morales Ha informado a los medios de que este jueves ha estado la Policía en la sede del Cabildo para requerir el disco duro del ordenador que usa al interventor en su puesto de trabajo, que había quedado pendiente en la jornada previa por un problema vinculado al servidor.

Morales ha sido tajante al declarar que él "no tiene constancia de ninguna irregularidad" en la Consejería de Política Territorial, aunque "eso lo tendrá que decidir la Justicia". Sin embargo, también ha añadido que el no ve ninguna actuación delictiva en los hechos: "Entiendo y defiendo que no existe ilícito penal".

El presidente ha solicitado, porque lo considera "relevante", que el mismo tratamiento que está teniendo la denuncia lo tenga en el futuro un hipotético archivo del caso, si se produce, porque es algo que le genera "preocupación". EFE